miércoles, 12 de agosto de 2009

El Gobierno (mal)transpone la Directiva de Servicios MÁS LIBERALIZACIÓN, MÁS DESREGULACIÓN Y MENOS BARRERAS PARA LOS PRIVADOS EN EL SECTOR POSTAL

Fomento, aprovechando, nunca mejor dicho, la transposición de la Directiva de Servicios, ha remitido a CCOO, como miembro del Consejo Asesor Postal (Órgano consultivo en materia postal), una propuesta de modificación del título II de la Ley Postal en lo relativo a las autorizaciones para que los operadores privados puedan prestar servicios postales, en lo que va camino de convertirse en otra nueva reforma, de las varias y poco afortunadas que hemos venido padeciendo desde el inicio de la anterior legislatura. Una transposición, la de la Directiva de Servicios que, ésta sí, parece ser necesaria para el Gobierno, mientras otras, como la de la Tercera Directiva Postal, sólo merecen un silencio que desde CCOO consideramos más que preocupante.

¿QUÉ TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA DE SERVICIOS PROPONE FOMENTO PARA EL SECTOR POSTAL?

Mediante Real Decreto (nuevamente, por tanto, sin debate parlamentario) se pretende transponer la Directiva 2006/23/CE (conocida como Directiva de Servicios) aprobada por el Parlamento Europeo. Modifica el Reglamento de desarrollo del Título II de la Ley 24/98 –Ley Postal. Básicamente se ciñe a lo relativo a Autorizaciones y Registro General de empresas prestadoras de servicios postales.

Facilita la libertad de establecimiento de operadores y la libre prestación de servicios.

Elimina trabas administrativas y simplifica el régimen de autorización para que las empresas puedan actuar libremente en el mercado postal. Para ello se modifican varios preceptos de la Ley Postal: Se modifican las reglas generales sobre el régimen de prestación en el ámbito postal liberalizado, afectando tanto a los servicios no incluidos en el SPU como a los sí incluidos pero no reservados a Correos.



Afiliada a la Union Network International (UNI)

Agiliza los procesos de autorización y registro para que cualquier operador nacional o europeo pueda actuar en el mercado postal español. Se calcula que podrían incorporarse de 100 a 115 operadores en cómputo anual. Actualmente el Registro General de empresas postales que gestiona Fomento cuenta con más de 3.500 empresas registradas. Desde el mismo momento en que las empresas comunican su intención de operar pueden empezar a hacerlo sin esperar otros plazos. Sólo una “declaración responsable” (¿¿??) por parte de la empresa que solicita el registro es suficiente para actuar en el mercado.

Y CCOO considera que ni es el momento ni incorpora los contenidos más afortunados para el futuro del sector En definitiva, y en el actual contexto de crisis y liberalización, la propuesta implica más liberalización (cuando en todos los sectores se viene pregonando la necesidad de potenciar la intervención pública para garantizar la salida de la crisis) y menos barreras de entrada en un mercado como el postal que ya cuenta con más de 3.500 empresas en activo, grandes y pequeñas, compitiendo con Correos. Por si fuera poco, todo ello se contradice frontalmente con el cambio de modelo productivo pregonado por el Gobierno: con esta propuesta, los privados van a continuar exentos de cumplir (como sí se le exige a Correos) estándares mínimos de calidad en la prestación de servicios o en los derechos de los trabajadores, que seguirán utilizándose a la baja como único factor competitivo, frente a la inversión productiva, la innovación o el valor añadido en los productos y servicios. Por todos estos motivos, además de presentar las alegaciones que consideremos oportunas, desde CCOO vamos a hacer llegar a Fomento nuestro desacuerdo ante una propuesta desafortunada tanto por sus contenidos como por el momento en que se presenta. Porque consideramos, tal como estamos defendiendo en nuestra propuesta de “Pacto de Estado por el futuro del Correo” que, ahora más que en cualquier otro momento, son necesarias barreras de entrada al mercado que garanticen, frente a las tentativas de desregulación, un modelo postal capaz de ofrecer viabilidad para el Servicio Postal Universal (el que en buena medida no van a cubrir los operadores privados), garantías para un marco de competencia basado realmente en un necesario cambio de modelo productivo y también garantías para el empleo, evitando que la precariedad se convierta en la pieza clave para hacerse un lugar en el mercado postal.