El Consejo de Administración de Correos celebrado hoy viernes, 31 de octubre, ha hecho público el cese del actual Presidente de Correos, José Damián Santigo Martín. Que suceda ocho meses despúes de iniciada la legislatura, acortando así el trayecto de lo que haya que desarrollar en la actual, es un claro síntoma de que “lo postal” sigue siendo un elemento de segunda categoría en la agenda política del Gobierno y sus recientes planes de acción para afrontar la actual crisis.
Se cierra una “legislatura” postal que, en el ámbito de las decisiones políticas, presenta un balance con características propias, contradictorio y, cuando menos, peculiar: decisiones extremas, descoordinadas y arriesgadas, que han convivido con la inexplicable ausencia de otras absolutamente necesarias y que no se han tomado, lo que, en conjunto, han reflejado una clamorosa falta de MODELO POSTAL. Que durante cuatro años se haya parcheado la Ley Postal sin que se propusiera ninguna alternativa integral sobre la mesa evidencia la errática acción “postal” del Gobierno. Seguro que, en ello, el Presidente saliente ha podido hacer algo más por trasladar esta realidad a los Ministerios, y los Ministerios bastante menos sin contar con el Presidente.
Una acción de gobierno desarrollada por los Ministerios competentes, en bicefalia insostenible –Fomento como regulador, Economía y Hacienda como propietario-, que, por ejemplo, ha jugado un inédito papel en el debate de la nueva Directiva Postal, en el que todos los Gobiernos de la Unión, sin excepción alguna, han apostado claramente por la defensa de sus respectivos operadores, y que en nuestro caso ha supuesto una equívoca posición –ni a favor ni en contra de las tesis más liberalizadoras- que, cuando menos, no va a beneficiar a Correos de cara a 2011.
A ello hay que sumar las reformas emprendidas a lo largo de estos últimos cuatro años, impulsadas por Economía y Hacienda y desarrolladas sin resistencia por Fomento, con especial intensidad desde 2006, que, aun en estado latente, siguen siendo un detonante con una cuenta atrás cuya duración desconocemos: acceso a la red postal (de Unipost, pero también de Deutsche Post, de La Poste francesa o de cualquier otro operador que mire con buenos ojos el mercado postal español), aplicación innecesaria del IVA, apertura de todos los contratos con la Administración o un nuevo regulador que parece estar esperando para su constitución a que el círculo de las reformas se haya cerrrado…son toda la “política postal” con la que Correos ha contado hasta el momento. A nadie ha extrañado que los operadores privados alabaran sin rubor la “buena política postal” de Fomento. Faltaría más con lo que se han llevado.
Y frente a un haber más que dudoso, un deber preocupante que ha lastrado el posicionamiento de Correos ante el nuevo horizonte de la definitiva apertura de los mercados y que ha abandonado cualquier indicio de apoyo a un proyecto postal en condiciones para nuestro país– apoyo que sí están recibiendo el resto de operadores nacionales, que van a ser los protagonistas del mapa postal europeo a partir de enero de 2011. Muestra de ello, la reticencia del Gobierno ante cualquier replanteamiento del actual sistema de financiación, insuficiente y que, por si ello fuera poco, ha venido recortando, año tras año, y de manera acusada en los presupuestos para 2009, la escuálida aportación del Estado para financiar un servico público altamente deficitario en buena parte del territorio. O la renuncia de Fomento a impulsar un Plan Estratégico del que ha carecido Correos, la mayor empresa pública del país.
La única isla en esta legislatura, y ya es un consuelo, la ha constituido un marco de negociación colectiva que ha permitido aislar nuestro marco interno de ese contexto claramente negativo, si no hostil. Una parte importante de ello hay que incluirlo en el haber del Presidente saliente que, pese a las presiones políticas de dentro y de fuera, hizo posible la firma con CCOO de un Convenio para laborales y un Acuerdo para funcionarios que han supuesto la consolidación de 20.000 empleos, incrementos salariales con una media de casi el 6% anual, un impulso a la carrera profesional y a la promoción interna por encima de la de la Administración del Estado, que ha validado la movilidad interministerial y que ha normalizado un sistema de provisión único. Sin este impulso nacido desde la concertación empresa-sindicatos hubiera sido imposible abordar el conjunto de mejoras laborales, siempre insuficientes pero de indudable valor. Hasta el punto que los casi 70.000 trabajadores de Correos difícilmente van a contemplar la posibilidad de renunciar a ellas.
Se abre ahora una nueva etapa en la que CCOO espera que, de una vez, se otorge el impulso político necesario a un proyecto postal para el que queda poco tiempo. Y esperamos que los recientes nombramientos del nuevo Subsecretario de Fomento y nuevo Presidente de Correos (Sixto Heredia Herrera, anterior presidente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) sean capaces, tras toda una legislatura de atonía, de apostar por un proyecto postal duradero y viable.
En un contexto económico y regulatorio difícil como nunca, la decisión de la futura presidencia de Correos para hacerse oir en los ámbitos pertinentes y la capacidad de éstos para escuchar van a contar mucho, y deberían ponerse en marcha cuanto antes. Correos, la empresa con mayor plantilla y con la mayor red de atención al público de nuestro país, a dos años de la liberalización completa del mercado, no puede seguir recibiendo un tratamiento “político” injustificado y soportando la volatilidad de sus gestores (tres Presidentes en los últimos ocho años y no se sabe cuántos en los últimos veinte), lo que imposibilita el desarrollo de cualquier estrategia a largo plazo (lo que no ocurre en otras empresas).
Una estrategia que debería venir marcada, con más motivo que en anteriores etapas, por el contexto empresarial y normativo de nuestro sector, que no por los cambios o ciclos políticos. En definitiva, y como siempre, CCOO confía nuevamente –y con ese norte vamos a trabajar, también como siempre- en que la política no ahogue la gestión. Porque el futuro de Correos, del servicio público que presta y de sus 70.000 empleos dependerán del acierto de la segunda, si la política ayuda y no lo impide.
Se cierra una “legislatura” postal que, en el ámbito de las decisiones políticas, presenta un balance con características propias, contradictorio y, cuando menos, peculiar: decisiones extremas, descoordinadas y arriesgadas, que han convivido con la inexplicable ausencia de otras absolutamente necesarias y que no se han tomado, lo que, en conjunto, han reflejado una clamorosa falta de MODELO POSTAL. Que durante cuatro años se haya parcheado la Ley Postal sin que se propusiera ninguna alternativa integral sobre la mesa evidencia la errática acción “postal” del Gobierno. Seguro que, en ello, el Presidente saliente ha podido hacer algo más por trasladar esta realidad a los Ministerios, y los Ministerios bastante menos sin contar con el Presidente.
Una acción de gobierno desarrollada por los Ministerios competentes, en bicefalia insostenible –Fomento como regulador, Economía y Hacienda como propietario-, que, por ejemplo, ha jugado un inédito papel en el debate de la nueva Directiva Postal, en el que todos los Gobiernos de la Unión, sin excepción alguna, han apostado claramente por la defensa de sus respectivos operadores, y que en nuestro caso ha supuesto una equívoca posición –ni a favor ni en contra de las tesis más liberalizadoras- que, cuando menos, no va a beneficiar a Correos de cara a 2011.
A ello hay que sumar las reformas emprendidas a lo largo de estos últimos cuatro años, impulsadas por Economía y Hacienda y desarrolladas sin resistencia por Fomento, con especial intensidad desde 2006, que, aun en estado latente, siguen siendo un detonante con una cuenta atrás cuya duración desconocemos: acceso a la red postal (de Unipost, pero también de Deutsche Post, de La Poste francesa o de cualquier otro operador que mire con buenos ojos el mercado postal español), aplicación innecesaria del IVA, apertura de todos los contratos con la Administración o un nuevo regulador que parece estar esperando para su constitución a que el círculo de las reformas se haya cerrrado…son toda la “política postal” con la que Correos ha contado hasta el momento. A nadie ha extrañado que los operadores privados alabaran sin rubor la “buena política postal” de Fomento. Faltaría más con lo que se han llevado.
Y frente a un haber más que dudoso, un deber preocupante que ha lastrado el posicionamiento de Correos ante el nuevo horizonte de la definitiva apertura de los mercados y que ha abandonado cualquier indicio de apoyo a un proyecto postal en condiciones para nuestro país– apoyo que sí están recibiendo el resto de operadores nacionales, que van a ser los protagonistas del mapa postal europeo a partir de enero de 2011. Muestra de ello, la reticencia del Gobierno ante cualquier replanteamiento del actual sistema de financiación, insuficiente y que, por si ello fuera poco, ha venido recortando, año tras año, y de manera acusada en los presupuestos para 2009, la escuálida aportación del Estado para financiar un servico público altamente deficitario en buena parte del territorio. O la renuncia de Fomento a impulsar un Plan Estratégico del que ha carecido Correos, la mayor empresa pública del país.
La única isla en esta legislatura, y ya es un consuelo, la ha constituido un marco de negociación colectiva que ha permitido aislar nuestro marco interno de ese contexto claramente negativo, si no hostil. Una parte importante de ello hay que incluirlo en el haber del Presidente saliente que, pese a las presiones políticas de dentro y de fuera, hizo posible la firma con CCOO de un Convenio para laborales y un Acuerdo para funcionarios que han supuesto la consolidación de 20.000 empleos, incrementos salariales con una media de casi el 6% anual, un impulso a la carrera profesional y a la promoción interna por encima de la de la Administración del Estado, que ha validado la movilidad interministerial y que ha normalizado un sistema de provisión único. Sin este impulso nacido desde la concertación empresa-sindicatos hubiera sido imposible abordar el conjunto de mejoras laborales, siempre insuficientes pero de indudable valor. Hasta el punto que los casi 70.000 trabajadores de Correos difícilmente van a contemplar la posibilidad de renunciar a ellas.
Se abre ahora una nueva etapa en la que CCOO espera que, de una vez, se otorge el impulso político necesario a un proyecto postal para el que queda poco tiempo. Y esperamos que los recientes nombramientos del nuevo Subsecretario de Fomento y nuevo Presidente de Correos (Sixto Heredia Herrera, anterior presidente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) sean capaces, tras toda una legislatura de atonía, de apostar por un proyecto postal duradero y viable.
En un contexto económico y regulatorio difícil como nunca, la decisión de la futura presidencia de Correos para hacerse oir en los ámbitos pertinentes y la capacidad de éstos para escuchar van a contar mucho, y deberían ponerse en marcha cuanto antes. Correos, la empresa con mayor plantilla y con la mayor red de atención al público de nuestro país, a dos años de la liberalización completa del mercado, no puede seguir recibiendo un tratamiento “político” injustificado y soportando la volatilidad de sus gestores (tres Presidentes en los últimos ocho años y no se sabe cuántos en los últimos veinte), lo que imposibilita el desarrollo de cualquier estrategia a largo plazo (lo que no ocurre en otras empresas).
Una estrategia que debería venir marcada, con más motivo que en anteriores etapas, por el contexto empresarial y normativo de nuestro sector, que no por los cambios o ciclos políticos. En definitiva, y como siempre, CCOO confía nuevamente –y con ese norte vamos a trabajar, también como siempre- en que la política no ahogue la gestión. Porque el futuro de Correos, del servicio público que presta y de sus 70.000 empleos dependerán del acierto de la segunda, si la política ayuda y no lo impide.
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