Entrega de las notificaciones, otra vuelta de tuerca a Correos

• Perjudicando a los ciudadanos y metiendo en un lío a la empresa
• Se deben buscar alternativas serias y evitar experimentos
• CCOO hace públicas las propuestas que creemos pueden arreglar este entuerto

Cuando los políticos quieren echar balones fuera sobre las chapuzas que han aprobado (políticas lo llaman ellos)recurren al manido eufemismo de que "así lo recoge el espíritu de la ley". Como si las leyes cayeran del cielo y no tuvieran autor. Eso es lo que ha venido sucediendo en los últimos años con las notificaciones administrativas y Correos: que "entre todos las mataron" (las notificaciones) y "ella sola se murió" (la empresa, si nadie le pone remedio). Parecería una broma si no habláramos de un impacto en Correos de unos 200 millones de euros.

En ésta, como en otras tantas cuestiones postales, ni siquiera pueden echarle la tan socorrida culpa a los Gobiernos europeos. Porque lo que las Directiva Postales de1997, 2003 y 2008 vienen a decir -y nadie parece haber leído- es que en absoluto impiden que los procedimientos judiciales o administrativos se regulen con arreglo a su Derecho interno. Luego, no hace falta buscar a Iker Jiménez, el de "Cuarto Milenio", para encontrar a los responsables de lo que está sucediento: los sucesivos Gobiernos (PP y PSOE) a lo largo de estos años han preferido legislar a la baja el derecho de los ciudadanos a ser notificados con garantías y poniendo a los pies de los caballos la viabilidad de Correos.

 

Si al Gobierno PSOE, a su llegada en 2006, doblegándose a las presiones de la entonces CiU, se le fue la mano cuando abrió (vía Decretazo de noviembre de ese año, que CCOO recurrió al Tribunal Supremo) el acceso indiscriminado de los operadores privados a la Red Postal, y rompió, además, la preferencia de Correos en la entrega de las notificaciones recogida en la Ley Postal del 98 y sus Reglamentos, sin que lo corrigiesen en la Ley Postal 2010 de su siguiente legislatura, al PP se le fue el brazo entero con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas según la cual "si el primer intento de entrega se ha realizado antes de las 15 horas, el segundo intento deberá realizarse después de esa hora, dejando en este caso un margen de maniobra de tres horas entre ambos intentos".

 

Si ya era grave para Correos tener que pelear las notificaciones administrativas en libre concurrencia, la nueva regulación hace absolutamente imposible su reparto y, en consecuencia, deja huérfano el derecho de los ciudadanos a recibirlas con garantías. Porque, ni los privados querrán cubrirlo ya que sólo están interesados en la parte rentable del mercado (les importa un bledo el derecho de los ciudadanos), ni Correos podrá hacerlo porque, aunque quisiera, ello conllevaría, o bien un cambio radical en la organización del trabajo con jornadas partidas y/o cambios radicales de horarios, o bien la apuesta por miles de tiempos parciales o un aumento generalizado de plantilla (¡ojalá!) que no tiene autorizado, o bien horas extras masivas que Correos no podría afrontar sin un aumento grande del precio de las notificaciones que le paga el Estado. Así las cosas, nos sigue asaltando la duda de si no habrán elucubrado los bienpensantes del Gobierno convertir a los/as trabajadores/as en una misión de voluntariado.

  

Octubre 2016 es el mes tope para que la nueva fórmula de reparto de las notificaciones entre en vigor. Quedan 6 meses, no más. En un contexto como el actual, con un Gobierno en funciones y un nuevo Gobierno que dicen que va a llegar no sabemos cuándo, CCOO todavía se pregunta por qué no se aplica el modelo italiano (tan europeo, y del sur, como el nuestro) en el que el operador público tiene adjudicada de forma absolutamente preferente las notificaciones para garantizar el derecho de todos los ciudadanos y su carácter fedatario. Y como nos preguntamos eso, todavía seguimos creyendo en la "utopía" posible de que el nuevo Gobierno sea eso que tanto hemos echado de menos en Correos todos estos años: ¡NO!, no es ni que sea moderno, ni tampoco que sea liberal, de eso estamos saturados y hartos; simplemente que defienda a correos y que sea sensato.

Por eso, ante una situación compleja como ésta, a nuestro juicio, extremadamente grave, para Correos y para los ciudadanos, CCOO hace públicas las propuestas que creemos pueden arreglar este entuerto:

 

* Que el Gobierno en funciones, de no haber uno nuevo antes de octubre, prorrogue la situación actual aplazando la entrada en vigor de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para poder tomar decisciones ponderadas. Es decir, mantener el status actual.

 

* Que el nuevo Gobierno cambie la legislación actual y apruebe una regulación a la italiana(preferencia clara del Operador Público para garantizar el carácter fedatario de quien entrega la notificación y los derechos de quien la recibe). Con más motivo en nuestro país, puesto que carecemos, a diferencia de Italia, de un banco postal propio que nos reporte pingües beneficiones finacieros.

 

* Si, por razones de mayor garantía del derecho de ciudadanía, se requiere un reparto por la tarde, la respuesta, nos tememos, señores de la Dirección de Correos, no está en el viento,está en la negociación colectiva y regulado en el Convenio Colectivo: aumentar la plantilla y/o pagar a los carteros, ¿fácil, verdad? Pero eso, como ustedes bien saben, exige autorización y dinero, algo que no parece que se pueda hacer hasta la llegada de un nuevo Gobierno.

 

Para finalizar, a CCOO nos empieza a preocupar mucho que, seis meses después de aprobada la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no se haya compartido ni una sola reflexión con las Organizaciones Sindicales a este respecto. Y más aún que Correos vuelva a caer en la reiterada y mala costumbre de, en lugar de hablar las cosas a las claras con los sindicatos, dejarlas a merced de una rumorología difundida a través de su canales internos (que si jornadas partidas, que si tiempos parciales, que si cambios de turnos, que si las USES en un sitio pero en otros no lo haremos, que todo gratis, que no hay un euro…). Saben que provocan desconfianza, incertidumbre y mucho, mucho desasosiego. Saben también que de hacerlo sin negociación supondrá un conflicto cierto. Después, no nos vengan con aquello de cómo somos los sindicatos y cómo somos los carteros, que los cambios son necesarios y que no los entendemos.

 

Y para no llamarnos a engaño, queremos ser claros y directos: mejor nos ponemos todos a remar en la misma dirección (convencer a éste o al nuevo Gobierno) para cambiar la situación y nos dejamos de experimentos. Por una vez, seamos serios.