Para CCOO, el incremento de las tarifas postales por encima del 6% evidencia las medidas paliativas y cortoplacistas que está llevando a cabo el Gobierno evitando el desarrollo de un debate integral sobre el modelo de financiación
La subida de tarifas acordada por el Gobierno, es una decisión coyuntural y tacticista que pone en evidencia lo insostenible de la actual situación en la que el Gobierno, renunciando a buscar una solución integral, quiere ir saliendo del trance, de forma desordenada, con medidas paliativas. Esa renuncia -y la crisis no puede ser una excusa- a abordar un modelo de financiación "sostenible" en el tiempo, le lleva a utilizar la tarifa -6 puntos por encima del IPC-como parche para salvar el "apretón" que sufren unas cuentas, las de Correos, cuyas previsiones de déficit (-151 mill. de € para 2010) nos devuelven a preocupantes situaciones de incertidumbre propias de la década de los 90.
Preocupantes porque abren una lógica que parecía superada hace años en la mayor empresa pública del país que es la de situar a Correos en la órbita de las empresas deficitarias, que, visto el recorte financiero actual y la nula reacción del Ministerio -y estamos a mitad de legislatura-, resulta difícil pensar que no se hagan conscientemente.
Para CCOO no es de recibo que se pretenda utilizar la subida de tarifas como medida de "ajuste" para tratar de evitar que el déficit siga disparándose en una decisión que pretende poco más que "salvar los muebles" de una casa en la que ya se están abriendo demasiadas goteras.
Por supuesto que CCOO comparte la necesidad de armonizar las tarifas con el conjunto de la Unión Europea -más cuando las nuestras se encuentran entre las más bajas de todas- pero eso debe hacerse desde la búsqueda de una armonización integral y, no sólo, y no empezando por las tarifas (medida que siempre aplauden los privados porque levante la barrera de entrada en el mercado postal). En lo postal, como en otras cosas, Europa es asimétrica, y las soluciones armonizadoras han de tener en cuenta la singularidad del Sector Postal español. Así, a diferencia de otros operadores, Correos no dispone de monopolio en el correo local desde los años 60; otros gobiernos europeos protegen a sus Correos con inversiones, reforzando su posición o blindando los mercados postales con barreras de entrada a otros operadores, mientras aquí se sigue mirando al tendido en tanto operan miles de empresas esperando que se active el Decretazo de acceso a la Red que el Gobierno le sirvió en bandeja hace dos años.
La gravedad de la situación económica, también para Correos, obliga a acometer el debate de precios y tarifas de un modo integral y no parcelado como se viene haciendo los últimos años. No tiene sentido hablar de tarifas sin plantear la insuficiente financiación del Servicio Postal Universal (exiguos 75 mill.€ para 2010 frente al coste neto que se calculó para 2007 de más de 242 mill. de € y que será mayor en los próximos años), el recorte en un 43 % en inversiones de capital, el déficit de explotación, la ausencia de un Plan Estratégico de Empresa y, sobre todo, la apertura de un debate en torno a la transposición, y cómo, de la Directiva Postal Europea adaptándola a la singularidad del Correo español.
El aumento de las tarifas postales planteado como ajuste provocado por el recorte presupuestario/financiero- en una clara muestra de filosofía paliativa- convierte finalmente al ciudadano, depositario a su vez del derecho a la prestación de un correo público eficaz y eficiente, en pagano, vía tasas indirectas, de aquello que el Gobierno se niega a sufragar vía presupuesto para que, a través de éste, revierta en bien público para el conjunto de la sociedad.
CCOO, en el marco de nuestra propuesta de "Pacto de Estado por el Correo Público", que ya hemos dado a conocer a Gobierno, Empresa, Grupos Parlamentarios y trabajadores seguirá insistiendo en la necesidad de, al calor de la Ley de Economía Sostenible, reorientar la política económica del Gobierno en el ámbito postal con el fin de, lejos de medidas coyunturales, de "pan para hoy y hambre para mañana", se acometa un plan de financiación suficiente que despeje las incertidumbres que, en relación a su viabilidad económica, se ciernen ahora mismo sobre Correos.
El Gobierno debería perfilar, de una vez por todas, la política tarifaria en el marco de un debate integral sobre el modelo de financiación.
Preocupantes porque abren una lógica que parecía superada hace años en la mayor empresa pública del país que es la de situar a Correos en la órbita de las empresas deficitarias, que, visto el recorte financiero actual y la nula reacción del Ministerio -y estamos a mitad de legislatura-, resulta difícil pensar que no se hagan conscientemente.
Para CCOO no es de recibo que se pretenda utilizar la subida de tarifas como medida de "ajuste" para tratar de evitar que el déficit siga disparándose en una decisión que pretende poco más que "salvar los muebles" de una casa en la que ya se están abriendo demasiadas goteras.
Por supuesto que CCOO comparte la necesidad de armonizar las tarifas con el conjunto de la Unión Europea -más cuando las nuestras se encuentran entre las más bajas de todas- pero eso debe hacerse desde la búsqueda de una armonización integral y, no sólo, y no empezando por las tarifas (medida que siempre aplauden los privados porque levante la barrera de entrada en el mercado postal). En lo postal, como en otras cosas, Europa es asimétrica, y las soluciones armonizadoras han de tener en cuenta la singularidad del Sector Postal español. Así, a diferencia de otros operadores, Correos no dispone de monopolio en el correo local desde los años 60; otros gobiernos europeos protegen a sus Correos con inversiones, reforzando su posición o blindando los mercados postales con barreras de entrada a otros operadores, mientras aquí se sigue mirando al tendido en tanto operan miles de empresas esperando que se active el Decretazo de acceso a la Red que el Gobierno le sirvió en bandeja hace dos años.
La gravedad de la situación económica, también para Correos, obliga a acometer el debate de precios y tarifas de un modo integral y no parcelado como se viene haciendo los últimos años. No tiene sentido hablar de tarifas sin plantear la insuficiente financiación del Servicio Postal Universal (exiguos 75 mill.€ para 2010 frente al coste neto que se calculó para 2007 de más de 242 mill. de € y que será mayor en los próximos años), el recorte en un 43 % en inversiones de capital, el déficit de explotación, la ausencia de un Plan Estratégico de Empresa y, sobre todo, la apertura de un debate en torno a la transposición, y cómo, de la Directiva Postal Europea adaptándola a la singularidad del Correo español.
El aumento de las tarifas postales planteado como ajuste provocado por el recorte presupuestario/financiero- en una clara muestra de filosofía paliativa- convierte finalmente al ciudadano, depositario a su vez del derecho a la prestación de un correo público eficaz y eficiente, en pagano, vía tasas indirectas, de aquello que el Gobierno se niega a sufragar vía presupuesto para que, a través de éste, revierta en bien público para el conjunto de la sociedad.
CCOO, en el marco de nuestra propuesta de "Pacto de Estado por el Correo Público", que ya hemos dado a conocer a Gobierno, Empresa, Grupos Parlamentarios y trabajadores seguirá insistiendo en la necesidad de, al calor de la Ley de Economía Sostenible, reorientar la política económica del Gobierno en el ámbito postal con el fin de, lejos de medidas coyunturales, de "pan para hoy y hambre para mañana", se acometa un plan de financiación suficiente que despeje las incertidumbres que, en relación a su viabilidad económica, se ciernen ahora mismo sobre Correos.
El Gobierno debería perfilar, de una vez por todas, la política tarifaria en el marco de un debate integral sobre el modelo de financiación.
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