CCOO pide una moratoria para las medidas
aprobadas por el Gobierno, que entrarán en vigor en octubre, moratoria que
considera imprescindible para garantizar los derechos de los ciudadanos.
CCOO, primer
sindicato en Correos, ha dado la voz de alarma ante la entrada en vigor, el
próximo mes de octubre, de la Ley de Procedimiento Administrativo Común,
aprobada por el Gobierno en octubre de 2015. Según adelanta el sindicato, y sin
que nadie en el Gobierno ni en el Ministerio de Hacienda que ha impulsado la
ley se haya percatado, la nueva regulación podría dejar a más de 16 millones de
ciudadanos sin notificaciones y al descubierto en sus garantías jurídicas.
Y ello
porque una de las medidas incorporadas a la ley, el doble reparto de una
notificación en horario de mañana y tarde en caso de que el notificado no se
encuentre en su domicilio en el primer intento de entrega, resulta, tal como
argumenta CCOO, económicamente inviable. CCOO acusa al Gobierno de moverse en
exclusiva por un afán recaudatorio y persecutorio hacia la ciudadanía, sin
dotar al operador público de financiación para que pueda dotarse de una
plantilla suficiente para garantizar la notificación fehaciente al ciudadano.
Las
cifras y las condiciones de reparto pueden dar una idea de las dimensiones de
la medida: Correos, operador encargado legalmente de la prestación del Servicio
Postal Universal, distribuye anualmente 60 millones de notificaciones de las
diferentes Administraciones Públicas (estatales, autonómicas y locales). Al
contrario de lo que sucede en los Correos europeos, como el italiano, que
aseguró desde el Correo Público las notificaciones a sus ciudadanos, los
sucesivos Gobiernos de nuestro país (PSOE, primero con el Decretazo de acceso a
la Red de los operadores privados en 2006 y la Ley postal de 2010 que no lo
corrigió; PP, después, que ha mantenido la regulación), Correos accede al
mercado de notificaciones administrativas en régimen de libre concurrencia junto
al resto de operadores postales, sin garantizar su fehaciencia ni, por tanto,
su seguridad jurídica ante los actos administrativos. Así pues, la legislación
vigente obliga al operador público a concurrir con los operadores privados en
los concursos públicos, repartiendo sólo aquellos que gana en la licitación.
Dicho de otra forma, los sucesivos Gobiernos de PSOE y PP han puesto la
seguridad jurídica del ciudadano a merced del mercado y la competencia.
Con la
modificación introducida en la nueva ley, el sindicato pone de manifiesto la imposibilidad
de aplicarla sin incurrir en costes duplicados de plantilla y provocar una
quiebra del propio operador: el coste de una notificación entregada en una sola
jornada se duplica aritméticamente si dicha notificación ha de entregarse por
la mañana y por la tarde, lo que hace inviable su reparto con las actuales
estimaciones de coste. A cualquier operador le supondría una pérdida económica imposible
de asumir una licitación de estas características, pues implicaría o bien un
cambio radical en la organización del trabajo, o bien la puesta en marcha de miles
de contratos a tiempo parcial, o un sobre incremento generalizado de plantilla
que Correos no tiene autorizado por parte del Gobierno.
Y si en
centros urbanos, con gran concentración de población y mayores posibilidades
operativas de reparto, sería una opción a considerar, en zonas rurales de baja
densidad de población y periferia de núcleos urbanos sería totalmente inviable,
lo que dejaría sin cobertura a más de 16 millones de ciudadanos y más de 8.400 unidades
de población. El Gobierno vuelve a proyectar su idea de una sociedad con
ciudadanos de primera y de segunda categoría, algo que CCOO critica de forma
rotunda.
A la vista del desaguisado que podría provocar
la iniciativa, CCOO ha exigido al Ministerio de Hacienda la necesidad de
prorrogar su entrada en vigor en tanto no se halle una solución que garantice
un derecho esencial, como el de recibir notificaciones de forma fehaciente,
para los millones de ciudadanos que podrían verse afectados. Para CCOO, esto
pasa porque las notificaciones sean prestadas por el operador público en su
totalidad y con los recursos suficientes. Sólo así se garantizaría su
fehaciencia y la seguridad jurídica de la ciudadanía frente a los actos de la
Administración.
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